Dan carta blanca a la delincuencia y nos atan de pies y manos
Leal también quiere aclarar que la reivindicación de todos los
colectivos va más allá de que se retire el uso de las pelotas a los
agentes antidisturbios. «La pelota de goma siempre es la última opción
de los agentes. Cuando sucede, se hace por la necesidad de mantener
alejados a los manifestantes que ejercen algún tipo de violencia. Por lo
general, se usan métodos menos lesivos. Esta nueva manera obliga a un
cuerpo a cuerpo que no tiene sentido». «El perjudicado total de todo
esto, el verdadero rehén, es el ciudadano porque es una reforma que
favorece a bárbaros, violentos y antisistemas. No es propia de un país
de la Unión Europea». Delegado de Jupol y miembro
de la UIP del Cuerpo Nacional de Policía.JAVIER BARBANCHO En la
misma línea que Leal se pronuncia el delegado de Jupol y miembro de la Unidad de Intervención Policial
(UIP) del Cuerpo Nacional de Policía, los mal llamados antidisturbios,
quien hace una profunda disección de la problemática que evidencia su
profundidad. «Como policías, nos hierve la sangre que la gente no pueda
hacer su vida. Esto es algo que afectará a la sociedad y pongo un
ejemplo: si una manifestación, por no estar prevista, corta de manera
sorpresiva una calle o una carretera puede hacer que no llegues a tiempo
a la entrevista de trabajo de tu vida, a un examen, al médico con tu
hijo o incluso a un parto. Que las vías de comunicación estén despejadas
es esencial por muchas cosas. La reforma de la ley hace que se pierda
el respeto a los demás». El agente enumera las gestiones que se
dejarán de hacer en caso de que se consume la reforma de la Ley de
Seguridad Ciudadana. «Cuando tenemos constancia de una movilización, hay
previsión y por tanto establecemos puntos de seguridad o rutas
alternativas de metro, pero si de repente aparecen 50.000 personas sin
avisar no tenemos capacidad de reacción».
Esta ley nos genera indefensión, ahora los agentes somos un blanco fácil
¿Las consecuencias? «No se podrá circular o se colapsará el
transporte público. Un caos. Sin duda es un cambio estructural en la
seguridad pública». Además, también se sumerge sin restricciones en el
hecho de que les recorten su material de trabajo, concretamente las
pelotas de goma. «Dejar de usarlas en manifestaciones violentas con la
cantidad de agentes que somos y sin medios de disuasión hará imposible
que contengamos a tanta gente. Será el triunfo de la anarquía». «Aquí
-argumenta con vehemencia- no hay súper hombres, sino profesionales
organizados que hacen su trabajo y a los que se lo van a poner muy
difícil». Y lanza una reflexión que refleja el sentir del colectivo:
«Esta reforma se ha planteado desde una visión idílica. En realidad, no
beneficia a nadie, únicamente supone la pérdida de la paz pública. Es el
temor del panadero, del propietario de la tienda de lujo, del ciudadano
que tiene su moto aparcada en la calle y al día siguiente la puede
encontrar quemada y no puede ir a trabajar...». Marcos Veiras,
agente de la Policía Nacional y secretario regional de Jupol en Cataluña
.A. P. El escenario que se prevé preocupa -y afecta- especialmente
a Marcos Veiras, secretario regional de Jupol en Cataluña y agente del Cuerpo Nacional de Policía en activo en la Brigada de Extranjería y Fronteras.
La reforma, considera, amenaza con acentuar las convulsiones que se
viven en el territorio catalán. Vivía junto a su familia en una
céntrica calle de Barcelona y, tras el 1-O,
tuvo que mudarse porque varias personas le identificaron en un bar.
Quemaron su moto. «A los vecinos no les decimos que somos policías, ni
tendemos los uniformes en el exterior. Si quieres llevar una vida más
social, tienes que mentir». Veiras conecta su reflexión a que ahora no
vaya a ser delito identificar y subir fotografías de agentes a las redes
sociales. «Aquí en Cataluña eso hará que no estemos tranquilos»,
insiste. «Tememos que elementos ligados al radicalismo nos identifiquen.
Un compañero tuvo que cambiar a su hija de colegio porque la dejaban
sin recreo y otros tres han tenido que dejar el Cuerpo».
Es una reforma que favorece a bárbaros, violentos y antisistemas
No olvida la especial realidad de la autonomía en la que trabaja con, recuerda, una presencia muy activa de los Comités de Defensa de la República
(CDR), que han protagonizado la movilización social en la crisis
política catalana tras el 1-O. «La reforma permite que haya
manifestaciones violentas y que se desarrollen con total impunidad. No
vamos a poder anticiparnos y eso es extremadamente peligroso porque los
movimientos radicales están cada vez más organizados». El policía
también reprende con dureza que no les hayan pedido opinión. «No se
entiende. Definitivamente, no se han parado a valorar la situación
violenta de la que nosotros somos conscientes». Milagros Cívico,
guardia civil y secretaria regional de Jucil en Cataluña.A.P.
También en Cataluña trabaja Milagros Cívico, secretaria
regional de Jucil, quien alerta de cómo el cambio en la normativa puede
contribuir a acentuar un ambiente ya de por sí muy crispado. «Nos dejan
totalmente abandonados y más aquí, con la problemática tan grande que
tenemos con los CDR. Si antes los actos violentos se sucedían con
demasiada frecuencia, ahora lo harán con completa libertad», avisa. En
este sentido, dibuja una realidad que, según su percepción, es habitual.
«En Barcelona, una reivindicación lícita y aprobada muchas veces acaba
en violencia con la quema de contenedores. Esta reforma hará más grande
el problema».
La reforma mata la ley de prevención de las distintas policías
«Indiscutiblemente -continúa- se va a dar carta blanca a la
delincuencia. Vamos a estar muy atados de pies y manos. Es un abandono a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por parte de la
Administración». «Esta ley -enfatiza- son pasos hacia atrás de lo legal y
pasos gigantescos hacia lo ilegal». Cívico rescata, asimismo, el
«rechazo continuo» que suscitan en Cataluña los agentes del Instituto Armado
y de la Policía Nacional, y se muestra muy preocupada por que ahora no
sea delito que las imágenes de estos efectivos puedan compartirse en
internet. «Que nos graben y pongan esas imágenes nos deja en peligro a
nosotros como agentes y a nuestras familias, y más con la tensión que se
vive en esta autonomía. Es un retroceso». «Aquí -añade- te pueden
señalar por ser guardia civil y eso hace que no te sientas bien». La
agente presta servicio en la patrulla fiscal, con lo que el asunto de
que únicamente vayan a tener dos horas -en la actualidad son seis- para
identificar a una persona y devolverla al mismo punto en el que se la
interceptó le afecta de primera mano. «Esas gestiones en dos horas
no son posibles. Si, por ejemplo, entramos en un establecimiento
público y la persona a identificar es extranjera, hay que hacer muchas
comprobaciones. Si a eso le unimos que hay que devolverla al cabo de las
dos horas al mismo sitio y que para realizar las gestiones en la
mayoría de los casos hay que desplazarse a una comisaría, todo es misión
imposible», precisa. «Sin duda -resalta- la reforma de la ley favorece
la delincuencia y, sobre todo en Cataluña, favorece la violencia. Los
antisistema camparán a sus anchas».
El más perjudicado, el rehén de todo esto, es el ciudadano
Juan Carlos Sáenz, agente y secretario de Organización del Sindicato Profesional de la Ertzaintza
(SIPE), también es muy crítico con la reforma. «Claramente, deja
desprotegidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para
proteger más al delincuente y pone en entredicho el valor jurídico que
nos daba hasta ahora la ley». En su queja, el lugar predominante es el
reproche a la Administración por haberles dado la espalda cuando el
proceso estaba en las bambalinas. «No pueden modificar una normativa de
esta envergadura sin contar con nosotros. No tiene ningún sentido». «Hay
un problema básico que no entienden las fuerzas jurídicas: hay que
hacer una ley propia del siglo XXI. Tampoco hay que olvidar que somos
garantes tanto de los derechos como de las obligaciones de los
ciudadanos».
Supone un cambio radical en la estructura de la seguridad pública
Txema Cid, policía nacional y representante de Jupol en el País Vasco,
se pronuncia en los mismos términos que su compañero. «La reforma nos
genera indefensión porque ahora somos un blanco fácil y vamos a tener
que justificar nuestras funciones. Nos convierte en agentes
vulnerables». «Sin duda -añade- es un efecto llamada para ciertos
colectivos y a que nos planten cara. Trabajar en la calle con esa nueva
ley va a ser un auténtico infierno». Pablo Pérez, policía nacional
y portavoz de Jupol.JAVIER BARBANCHO Pablo Pérez
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